La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha presentado un amplio informe en el que denuncia que el sistema español de consultas tributarias, sin modificaciones en más de veinte años, se ha quedado desfasado y necesita una profunda reforma que lo modernice y lo acerque a los modelos de las principales economías europeas.
Según la Aedaf, el actual mecanismo de consultas tributarias está “completamente obsoleto” y requiere una revisión integral que garantice el verdadero carácter vinculante de las respuestas emitidas por la Dirección General de Tributos (DGT). Así lo manifestaron durante la presentación de un documento remitido al Ministerio de Hacienda, en el que proponen una serie de cambios estructurales para actualizar el sistema.
Los asesores fiscales advierten de la “grave inseguridad jurídica” que provoca la falta de evolución del modelo español, cuyo marco legal permanece inalterado desde hace más de dos décadas. En contraste, países como Italia o Francia han desarrollado sistemas más avanzados: el primero dispone de más de seis tipos diferentes de consultas, y el segundo ofrece mayores garantías sobre su carácter vinculante.
El informe, elaborado por el Consejo Asesor Institucional de Aedaf y César García Novoa —coordinador del grupo de expertos en Derechos y Garantías del Contribuyente y Práctica Tributaria de la asociación—, identifica cinco grandes deficiencias en el actual sistema.
La primera es que la DGT resuelve consultas basadas en hechos “descritos de forma abstracta”, lo que, según los asesores, provoca que las respuestas sean “meramente orientativas” y dependan de circunstancias que luego pueden ser verificadas por la Inspección. Esto genera incoherencias, ya que los criterios aplicados por la Inspección a menudo difieren de los establecidos por la DGT.
El segundo problema señalado es que las consultas tributarias no resultan vinculantes para los tribunales, pese a que la ley establece lo contrario. De hecho, el Tribunal Supremo ha determinado que, aunque la Administración no siga el criterio de la DGT, no procede anular una liquidación si el juez respalda otra interpretación. Por ello, Aedaf considera urgente “actualizar el régimen normativo” y reforzar la seguridad jurídica.
Asimismo, los asesores critican que el plazo legal de seis meses para responder una consulta resulta poco útil para ofrecer certeza a los contribuyentes, especialmente en un contexto de cambios de criterio de la Administración. Este retraso puede obligar a los contribuyentes a aceptar interpretaciones más gravosas durante los procesos de regularización.
Entre las reformas propuestas, destaca la introducción del llamado “silencio positivo”: si la DGT no contesta en el plazo de seis meses, se entendería aceptado el criterio planteado por el consultante. Esta medida ya existe en países como Francia e Italia y, según la Aedaf, contribuiría a reforzar la confianza de los contribuyentes.
La asociación también plantea reforzar el carácter vinculante de las consultas, especialmente respecto a los impuestos gestionados por las comunidades autónomas, que a menudo no siguen el criterio de la DGT. Además, propone la creación de mecanismos de coordinación entre administraciones y la puesta en marcha de un órgano especializado que atienda específicamente la realidad empresarial. En definitiva, los asesores fiscales reclaman una modernización profunda del sistema español de consultas tributarias para dotarlo de mayor seguridad jurídica, coherencia y eficacia, alineándolo con los estándares europeos.
(Expansión, 15-10-2025)
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