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RESUMEN DE PRENSA

Mercantil, Civil y Administrativo

Los afectados por cláusulas suelo opacas podrán reclamar desde hoy lunes El Gobierno aprobó finalmente el viernes, tras semanas de diálogo con banca y oposición en las que ha logrado el apoyo de PSOE, Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria, un decreto ley que establece el mecanismo extrajudicial de negociación que permitirá a los clientes con cláusulas suelo opacas solicitar a las entidades financieras el dinero que les cobraron indebidamente.

La norma, sin embargo, se limita a establecer un “cauce” de reclamación, como destacó el ministro de Economía, Luis de Guindos, que garantiza al consumidor una respuesta en menos de tres meses. Salvando este plazo, y algunas facilidades fiscales si la entidad accede a pagar, la gran diferencia con la queja formal que un particular podía presentar por su cuenta ante una entidad o el supervisor financiero es que la norma incentiva al banco a ofrecer una compensación similar a la que el cliente obtendría en los tribunales bajo la amenaza de condenarle en costas si luego un juez da una resolución más ventajosa al reclamante.

El decreto, sin embargo, deja en manos de la banca decir si sus cláusulas son o no transparentes y, aún en el caso de que la entidad admita que las suyas son abusivas, le permite decidir libremente qué cuantía ofrece al afectado. Esta es la letra pequeña del texto final, que suaviza algunas de las exigencias a la banca incluidas en los borradores previos:

Plazos: Se podrá reclamar desde el lunes. El decreto ley, que no admitirá cambios en el Parlamento para agilizar su puesta en marcha, según avanzaron fuentes del Gobierno, permitirá a los afectados presentar sus reclamaciones ante cualquier oficina de su entidad a partir de este próximo lunes y sin fecha límite. La banca, sin embargo, tendrá un mes a contar desde dicho día para articular los canales de comunicación y atención que considere necesarios, dejando la puerta abierta a que las entidades subcontraten ese servicio a terceros, lo que algunas estudian encargar a las grandes auditoras. Será por tanto a partir del 23 de febrero cuando empiece a contar el plazo máximo de tres meses que tiene el sector financiero para dar respuesta a las primeras reclamaciones recibidas. Salvando ese primer mes, el contador de 90 días correrá desde el día en que se reclame.

Comunicación: No habrá un aviso cliente a cliente. “Las entidades de crédito deberán garantizar que ese sistema de reclamación es conocido por todos los consumidores que tuvieran incluidas cláusula suelo en su préstamo hipotecario”, establece el texto del decreto, que no exige, como se barajó, que la banca haga un aviso personal a cada cliente con suelo en su hipoteca. Economía detalla que bastará con ofrecer información del mecanismo en las web y sucursales de cada entidad.

Hipotecas vencidas: Al menos 15 años de retroactividad. El mecanismo de negociación extrajudicial estará abierto tanto para clientes con hipotecas vivas como para aquellos con créditos ya vencidos, si bien es previsible que el derecho a reclamar esté sujeto a una prescripción de 15 años que limitaría esta vía a quienes hayan acabado de pagar desde 2002 en adelante.

Respuesta negativa: No se ofrecerá cuenta al cliente. Una vez recibida la reclamación de los afectados que voluntariamente recurran a esta vía extrajudicial, la entidad está obligada a darles una contestación en un plazo máximo de tres meses. El banco que considere que sus cláusulas eran transparentes y lícitas, como ya avanzó que hará Banco Sabadell, podrá negarse a pagar aunque deberá justificar por qué. Desde ese momento, la negociación extrajudicial concluye y el cliente podrá ir a juicio. Uno de los principales cambios del texto final del decreto frente a borradores previos es que las entidades que se nieguen a pagar no tendrán que ofrecer cálculo alguno al cliente de la posible compensación, evitando darles armas para que acudan a juzgado.

Respuesta positiva: Se detalla la oferta, no cuánto se cobró. Si la entidad se aviene a compensar al cliente deberá remitirle un comunicado con un cálculo de la cuantía que se ofrece a devolver desglosando los intereses por los años transcurridos en base al tipo legal (alrededor de un 3%). La cuenta no tiene por qué corresponder con lo que la entidad cobró por la cláusula suelo a su cliente, es solo la propuesta de compensación que le hace por lo que a los afectados les conviene acudir a la negociación con un cálculo propio previo, como los que pueden hacerse con las múltiples calculadoras online que ofrecen entre otros las asociaciones de consumidores. El cliente tendrá 15 días para decidir si acepta la oferta o va a juicio.

Método de pago: Oferta en efectivo y alternativas. Si banco y entidad llegan a un acuerdo, la entidad deberá ofrecer al cliente la opción de abonarle la compensación en efectivo dentro del plazo de tres meses. No obstante, el decreto permite a las partes llegar a un acuerdo sobre métodos de pago alternativos, como una reducción de las cuotas pendientes. En este caso, el banco deberá suministrar al cliente una comparativa entre el valor de esta fórmula y lo que recibiría en metálico, que el cliente tendrá 15 días para estudiar. Si acepta que el pago no sea en efectivo, deberá dejarlo por escrito.

Novación: Habrá costes notariales. Si el acuerdo altera la hipoteca original, las partes podrían tener que registrar el nuevo contrato en algunos supuestos. La formalización de la escritura pública y la inscripción registral estarán sujetos a aranceles notariales y registrales rebajados que fuentes del sector cuantifican en unos 60 a 80 euros pero que el decreto no aclara quién paga.

Fiscalidad: Solo se tributará por lo deducido. El decreto garantiza la neutralidad fiscal de las cantidades que recupere el consumidor, que no tributarán por IRPF. Pero si el afectado se dedujo cantidades pagadas por la compra de vivienda que ahora se reducen, deberá regularizar su situación con Hacienda, sin recargo. Los métodos de compensación alternativos al pago en efectivo evitan este coste.

La vía judicial: No se podrá litigar durante el proceso. Los particulares que presenten una reclamación por esta vía extrajudicial no podrán acudir a los tribunales hasta que concluya el proceso o transcurran tres meses. Las partes deberán suspender temporalmente los procedimientos que ya tuvieran en marcha mientras dure la negociación.

Costas judiciales: El incentivo a una banca justa. A fin de incentivar que la banca ofrezca a los afectados una compensación justa por lo cobrado de más por las cláusulas suelo opacas, el decreto establece que si el cliente queda descontento, acude a tribunales y obtiene un fallo con una compensación más elevada que la que le propuso su entidad, esta será condenada a costas pagando tanto sus abogados como los del particular.

Supervisión: Se emitirá un informe semestral. El decreto crea un organismo de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones presentadas, que conformarán representantes de consumidores y de la abogacía, que emitirá un informe cada seis meses con especial atención a la respuesta a colectivos vulnerables. El organismo no tendrá capacidad sancionadora. En una disposición final, el decreto habilita al Gobierno para ampliar el ámbito de aplicación del decreto si bien fuentes de Economía aseguran que este solo se usará para abordar la cláusula suelo. (El País, 23-01-2017)
Fiscal

Bajada de medio punto para los tipos del ahorro
Hacienda adelantó a julio la rebaja de la fiscalidad del ahorro prevista para 2016, con lo que estableció una tarifa intermedia en la que los tipos bajaron medio punto. Ahora en enero entra en vigor una rebaja extra de medio punto de la que se benefician las plusvalías.

La reducción supondrá que las ganancias de hasta 6.000 euros tributan este año al 19% en vez de al 19,5% desde julio y 20% hasta julio; las que estén entre 6.000 euros hasta 50.000 euros, al 21% en lugar de 21,5%-22%, y las de 50.000 euros en adelante serán gravadas al 23% en vez de al 23,5%-24%.

La rebaja de los tipos del ahorro afecta a los rendimientos del capital mobiliario, es decir, a intereses, bonos, letras del Tesoro, dividendos o seguros de vida, y a las ganancias y pérdidas patrimoniales como la venta de inmuebles, acciones o fondos.
(Expansión, 03-01-2016)

2016 comienza con una nueva rebaja del IRPF y el aumento del 1% del SMI
A partir de hoy los tipos sobre la renta de las personas físicas se situarán entre el 19% y el 45%, en tanto que las empresas se beneficiarán de la bajada de tres puntos del gravamen general del impuesto de sociedades hasta el 25%.

El año 2016 comienza con subidas en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), del 1%, y en las pensiones públicas, del 0,25%, y con la entrada en vigor de la última parte de la reforma fiscal, que prevé una nueva rebaja del IRPF.

En lo que se refiere a la reforma fiscal, a partir de hoy los tipos sobre la renta de las personas físicas se situarán entre el 19% y el 45%, en tanto que las empresas se beneficiarán de la bajada de tres puntos del gravamen general del impuesto de sociedades hasta el 25%.

El tipo del IRPF para las personas físicas, hasta 12.450 euros de base imponible, será el 19%; de esa cantidad hasta 20.200 euros, el 24%; hasta 35.200 euros, el 30%; hasta 60.000 euros, el 37%, y a partir de esa cantidad, el 45%.
(Expansión, 01-01-2016)

Andorra compartirá automáticamente la información de los clientes foráneos de sus bancos con sus países de origen
El sector bancario andorrano encara ahora la abolición definitiva del secreto bancario y con ella el fin del que durante décadas fue su principal factor diferencial. Así ocurrirá a partir del próximo 1 de enero, cuando entre en vigor el acuerdo de Intercambio Automático de Información firmado con la Unión Europea que Andorra transpuso como ley el pasado 30 de noviembre.

Esta norma obligará a los cinco bancos andorranos, MoraBanc, Andbank, Crèdit Andorrà, Banc Sabadell d´Andorra –filial de la entidad española– y Vall Banc, la escisión del negocio sano de BPA vendida al fondo J. C. Flowers, a identificar pormenorizadamente a cada cliente y a remitir toda la información relativa a ellos al Ministerio de Finanzas de Andorra. Este, a su vez, compartirá la información sobre los clientes extranjeros con las autoridades de sus países de origen, en el caso de España informando al Ministerio de Hacienda.

La banca debe recopilar el nombre del cliente, o del principal beneficiario si se trata de una empresa, su fecha de nacimiento, país de residencia, domicilio e identificación fiscal junto al número de cuenta, su saldo, rentas e ingresos. El acuerdo solo permite omitir información sobre un puñado de productos relacionados con planes de pensiones o seguros de ahorro –con aportaciones anuales de menos de 50.000 dólares (47.200 euros) o saldos inferiores al millón– y cuentas de hasta 1.000 dólares.

Las entidades tienen 2017 para identificar a todos los clientes con saldos de más de un millón de dólares y un año más para registrar al resto, dejando en manos de las autoridades qué hacer con los clientes que rehúsen facilitar la información requerida. En el primer semestre de 2018, Andorra comenzará a remitir anualmente la información al resto de países sobre el ejercicio vencido.

“Llevamos tiempo amoldándonos al intercambio automático”, asegura en encuentro con prensa Esther Puigcercós, directora general de la Asociación de Bancos Andorranos (ABA), la patronal bancaria, explicando que este es solo el último paso de una serie de acuerdos normativos y que hace tiempo que la banca andorrana no vive del secreto bancario.
(Cinco Días, 13-12-2016)

Lío judicial por el IRPF de la prestación por maternidad
La Agencia Tributaria siempre ha defendido que la prestación por maternidad que paga la Seguridad Social a las madres trabajadoras cuando dan a luz tiene la consideración de un rendimiento del trabajo y, por lo tanto, tributa como tal en el IRPF. Una postura que fue rechazada por una sentencia del TSJ de Madrid, que declaró exenta la subvención. La decisión del tribunal, que avanzó el mes pasado este periódico, generó un gran revuelo y abrió la puerta a que multitud de contribuyentes afectados reclamaran la devolución.

En este contexto, el TSJ de Andalucía acaba de pronunciarse sobre el mismo tema. En una sentencia del pasado 26 de octubre, el tribunal andaluz se alinea con la tesis de la Agencia Tributaria y se opone a los razonamientos esgrimidos por el TSJ de Madrid. Ambos tribunales hacen girar su argumentario sobre el artículo 7 de la Ley del IRPF, que interpretan de forma totalmente distinta. ¿Y qué efecto tiene todo ello para los contribuyentes?

Tanto en el caso del TSJ de Madrid como en el de Andalucía, la sentencia se limita al caso en litigio, es decir, no genera jurisprudencia ni obliga a que la Agencia Tributaria modifique su criterio. En cualquier caso, el hecho de que un tribunal declarase exenta la prestación por maternidad abrió la puerta a que los contribuyentes que han recibido esta ayuda en los últimos cuatro años –el período no prescrito– presenten una declaración rectificativa para solicitar la devolución. En este sentido, la decisión del TSJ de Andalucía supone un jarro de agua fría.

La batalla legal seguirá y todo indica que tarde o temprano algún caso acabará en el Tribunal Supremo, que deberá pronunciarse y decantar la balanza hacia uno u otro lado. El socio y abogado del despacho Ático Jurídico, José María Salcedo, señala que el hecho de que haya dos sentencias antagónicas sobre idéntico asunto es un motivo suficiente para defender la existencia de un interés casacional y recurrir ante el Alto Tribunal.

Este abogado defiende que los argumentos para solicitar ante la Agencia Tributaria la devolución del IRPF derivado de la prestación de maternidad siguen siendo válidos tras la sentencia del TSJ de Andalucía. En el caso de las madres madrileñas ello es especialmente cierto porque ya saben que el TSJ de su comunidad se ha pronunciado en dos ocasiones a favor de la exención.

Además, los contribuyentes que recurran y logren sentencias favorables no se verían perjudicados si, finalmente, el Tribunal Supremo da la razón a las tesis de la Agencia Tributaria. Por el mismo motivo, a los contribuyentes de otras comunidades autónomas les podría interesar recurrir también. Es probable que tribunales superiores de justicia de otras comunidades emitan progresivamente sentencias sobre este asunto porque en 2013 ya se produjo un incremento de las reclamaciones por un SMS que se hizo viral y que aseguraba que las prestaciones estaban exentas. La bola se hizo tan grande que la Agencia Tributaria tuvo que emitir un comunicado desmintiendo tal extremo.

El próximo 1 de julio termina el plazo para que los contribuyentes que cobraron en 2012 la prestación de maternidad puedan reclamar la devolución ante Hacienda y eviten la prescripción. Hacienda mantiene –y mantendrá– el criterio de que la prestación por maternidad tiene la consideración de un rendimiento del trabajo.

La sentencia del TSJ de Andalucía, que avala la tesis de Hacienda, falla en contra de una contribuyente que en 2011 cobró 11.706 euros por la prestación de maternidad y defendió su exención para no presentar la declaración de la renta. Cuando una madre causa baja por maternidad, es la Seguridad Social quien asume durante 16 semanas el sueldo, que equivale a su base de cotización.

Para el TSJ andaluz resulta evidente que esta prestación no entra dentro de la categoría de rentas exentas que contempla el artículo 7, letra h: “Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”. Y concluye: “También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las comunidades autónomas o entidades locales”.

Para Hacienda y el TSJ de Andalucía, la norma deja claro que solo las prestaciones por maternidad autonómicas y locales están exentas. Y la sentencia recuerda que la Ley General Tributaria no admite las analogías para extender el efecto de las exenciones. En cambio, el TSJ de Madrid asegura –leyendo los mismos párrafos– que la prestación por maternidad que abona la Seguridad Social “forzosamente” debe entenderse como una ayuda exenta. Las consecuencias económicas de que prevalezca una u otra visión pueden superar los 1.000 millones de euros y afectar a más de un millón de contribuyentes.
(Cinco Días, 20-12-2016)

 

Laboral

La sentencia europea que equipara a fijos y temporales revoluciona el mundo laboral
El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha revolucionado el mercado laboral español con una sentencia que obliga a indemnizar a un trabajador interino por finalización de contrato como si fuera el despido objetivo procedente de un trabajador indefinido, esto es con 20 días de salario por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades.

En la actualidad, los trabajadores interinos –ya sean en la administración, ocupando plazas fijas, o en las empresas, los puestos de sustitución por maternidad, por ejemplo– no son indemnizados al finalizar su contrato y el TJUE ha considerado que esta situación va en contra del acuerdo marco europeo sobre empleo temporal, que impide la discriminación de los trabajadores eventuales respecto a los fijos.

¿Qué ocurre ahora? ¿Debe el Estado español adecuar su legislación a lo dicho por el TJUE? ¿Deberán indemnizarse con 20 días no solo los interinos sino también el resto de trabajadores temporales cuando les finalice su contrato? ¿Abre la puerta esta sentencia a la creación de un nuevo contrato único que no diferencie entre las indemnizaciones de fijos y temporales? Expertos laboralistas, sindicalistas y empresarios no se han hecho esperar y se han lanzado a interpretar las consecuencias de esta sentencia que, según coinciden todos ellos, supone una revolución para la legislación del mercado de trabajo española.

“Es una sentencia muy relevante. Ahora vendrá la interpretación de la interpretación, pero está claro que marca un antes y un después”, ha asegurado Juan Antonio Sagardoy, quien ha especificado que lo que dice el fallo del tribunal es que “cuando un trabajador interino que hace las mismas funciones que el sustituido termina su contrato, tiene que ser indemnizado igual que lo haría con el fijo”. Si bien este prestigioso laboralista precisa que el Gobierno no estaría obligado a cambiar la ley pero los tribunales sí deben acatar el fallo. “Hay que tomar buena nota de esta sentencia. No es obligatoriamente vinculante, pero los tribunales españoles deben ajustarse a ella”, ha explicado.

Los sindicatos, por su parte, sí se han apresurado a asegurar que el Ejecutivo deberá abrir una negociación urgente para adecuar la legislación española a esta sentencia. De hecho, CC OO interpreta que, atendiendo al fallo, “todos los trabajadores temporales tendrán derecho a percibir una indemnización de 20 días por año, por finalización de contrato, sin necesidad de que su contrato sea fraudulento”. Esto afectaría a los casi cuatro millones de eventuales que ahora solo reciben una indemnización de 12 días por año trabajado.

Sin embargo, desde el despacho de abogados Pérez-Llorca, su socio del área Laboral, Daniel Cifuentes, considera que aunque se puede hacer una interpretación amplia de esta sentencia que afectara a todos los temporales “sí existe argumentación jurídica para establecer una diferenciación entre interinos y temporales”, de forma que solo se aplique esta indemnización de 20 días a los primeros y no a los segundos. No obstante, Cifuentes insiste en que ve también factible que la interpretación menos restrictiva que afecte aumente la indemnización de todos los temporales.

Mientras tanto los responsables del Ministerio de Empleo han dejado en manos de sus abogados la interpretación de esta sentencia, que afecta a una trabajadora que estuvo nueve años en un puesto interino ocupando una plaza de una liberada sindical. En este punto, el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo precisó que será un Gobierno “en plenas funciones” el que deba evaluar si adapta o no la legislación.
Dicho esto, Riesgo, sugirió que la solución podría llegar de la mano de lo acordado entre el PP y Ciudadanos en su último acuerdo de investidura, donde se recogía una misma indemnización para todos los temporales, incluidos los interinos y también elevaba de forma progresiva dicha indemnización a 20 días por año trabajado.

Por su parte la patronal CEOE ha sido tajante en sus críticas a esta sentencia: considera que “tiene dos errores conceptuales en relación a España” porque, según explican los empresarios”. En su opinión en España a todos los asalariados “se les aplica el mismo régimen jurídico” y lo que existe son “diferentes regímenes que varían según las situaciones”. Por lo que precisan que “no existe un concepto de indemnización legal e ilegal”; y tampoco “hay diferencia en cuanto a la extinción entre trabajadores indefinidos y temporales”.
(El País, 21-09-2016)

El Gobierno elevará a un año la tarifa plana de 50 euros para autónomos
Los autónomos serán de nuevo protagonistas de las medidas que pondrá en marcha la ministra de Empleo en esta legislatura, un nuevo espaldarazo para un colectivo que ha sido protagonista de la creación de empleo en España. Fruto del acuerdo con Ciudadanos, el Gobierno ya tiene marcada una hoja de ruta para el primer mes que incluye ampliar la tarifa plana de 50 euros para nuevas altas de los seis meses actuales a un año, suavizar los recargos en las cuotas por retraso en el pago a la Seguridad Social de los autónomos o mejorar el criterio de caja del IVA. La batería de medidas, todas peticiones de ATA, coincide en un 80% con las incluidas en el acuerdo de gobierno que el PSOE firmó con la formación naranja, lo que significa que su puesta en marcha no debería ser un problema.

Las medidas que ya están sobre la mesa del Ejecutivo para su inminente aprobación son las siguientes: Tarifa plana. Ampliación de la tarifa plana de 50 euros para nuevas altas de autónomos de cualquier edad de los seis meses actuales a un año. La medida se aplica desde 2013 y ha beneficiado a cerca de un millón de autónomos, que hasta que se puso en marcha pagaban cada mes 250 euros de cotización cuando comenzaban una aventura empresarial.

Altas y bajas de cotización. Serán efectivas el mismo día en el que se solicitan, sin tener que pagar, por tanto, la cuota entera del mes si no han estado de alta durante la totalidad del mismo. Con la puesta en marcha de esta medida se evitará que un autónomo que, por ejemplo, se dé de alta un día 17 de mes tenga que pagar los 17 días anteriores sin haberlos trabajado o se dé de baja y tenga que pagar el mes completo.

Definición exacta de habitualidad. Los autónomos sabrán con total seguridad cuando están obligados o no a darse de alta en el régimen especial de autónomos. Los trabajadores por cuenta propia con unos rendimientos netos por debajo del salario mínimo interprofesional (655,20 euros mensuales este año) no estarán obligados a abonar cotizaciones fijas a la Seguridad Social.

Recargos por impagos. El recargo que se aplique en las cotizaciones a los autónomos que se retrasen en los pagos a la Seguridad Social será progresivo en función del retraso. Dejará de aplicarse el 20% de penalización generalizado por una demora puntual.

Compatibilizar trabajo y pensión. Los autónomos, como los trabajadores por cuenta ajena, pueden compatibilizar su pensión con su trabajo por cuenta propia. Desde enero de 2013 los jubilados de 65 años que hayan cotizado el máximo a la Seguridad Social pueden compatibilizar un empleo con el cobro del 50% de pensión. Y han sido los autónomos los que más han utilizado esta posibilidad. Este año, de los 30.900 jubilados que tienen un empleo, el 80% son trabajadores por cuenta propia. La ministra de Empleo anunció que el cobro del 50% de la pensión se elevará hasta el 100% para jubilados mayores de 65 años que sigan trabajando, lo que permitirá que el número de trabajadores por cuenta propia mayores de 65 años que compatibilicen trabajo y pensión casi se multiplicará por cinco en los próximos cuatro años, según ATA.
(El País, 07-11-2016)

Báñez quiere regular el fin de la jornada a las 18.00 horas
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado en el Congreso de los Diputados un paquete de medidas laborales que el Gobierno quiere sacar adelante, con pactos parlamentarios, en esta legislatura. Las iniciativas más llamativas son algunas pactadas ya con Ciudadanos, como la creación de la denominada mochila austriaca, la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas o la terminación de la jornada laboral a las 18.00 junto con el cambio de huso horario.

Báñez ha propuesto a los grupos parlamentarios “un pacto nacional por la conciliación y la racionalización de los horarios”. Dicho pacto incluiría el compromiso recogido en el programa electoral del PP de adoptar las medidas necesarias para que la jornada laboral termine a las 18.00 horas, incluyendo entre dichas medias el cambio de huso horario. Para ello, se debería retrasar una hora, adoptando el horario de Portugal o del Reino Unido.

Este gran acuerdo también crearía una “bolsa de horas para asuntos propios” y reforzaría el teletrabajo. Los responsables de Empleo también pretenden que el Parlamento apruebe un “plan de igualdad salarial”. Y que la normativa “adecúe los derechos de los trabajadores a las nuevas tecnologías, “regulando y garantizando el derecho a la desconexión”, por ejemplo.

Asimismo, la ministra de Empleo –que ha comparecido hoy en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados– aseguró su intención de llevar a la Cámara Baja la creación del sistema de mochila austriaca –vigente en dicho país–. Este sistema consiste en la creación de un fondo individualizado para cada trabajador asalariado, que este podría utilizar en caso de despido, para formación o, al término de su vida laboral, como complemento para su jubilación, si no lo hubiera utilizado antes.

No obstante esta medida, que como el resto de las anteriores mencionadas hoy por Báñez está incluida en las 150 pactadas entre el PP y Ciudadanos para el pacto de investidura, está aún muy en pañales, y no hay ninguna propuesta por escrito de cómo se articularía dichos fondos individualizados.

Así, en teoría, la mochila se nutriría de un porcentaje del salario bruto del trabajador, que aportaría el empresario. Si bien no está determinadas importantes cuestiones como cuál sería dicho porcentaje, ni si se detraería o no del salario neto o qué ocurriría con las indemnizaciones por despido cuando estuviera plenamente vigente este fondo individual.

Además, Báñez incluyó otras medidas que su Departamento propondrá para su aprobación y desarrollo parlamentario. Es el caso de la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas, algo aprobado ya en la ley pero que el Gobierno ha ido postergando año a año por motivos presupuestarios, ya que es la Seguridad Social la que costea los salarios de los padres que se acogen a este permiso durante las semanas que dura.
(El País, 13-12-2016)

La Inspección de Trabajo intensifica el control sobre las horas extra y el registro de jornada en las empresas
En el último año se han producido tres sentencias de la Audiencia Nacional –del 4 de diciembre de 2015 (caso Bankia); del 19 de febrero de 2016 (caso Abanca) y del 5 de mayo de 2016 (caso Banco Sabadell)– que indican que las empresas están obligadas a registrar la jornada diaria de sus trabajadores siempre, aunque no se realicen horas extraordinarias. La justificación del tribunal es que dicho registro diario es un requisito imprescindible para controlar los excesos de jornada.

Tras estos pronunciamientos de la Audiencia Nacional, la Inspección de Trabajo los hizo suyos y dictó en marzo pasado una Instrucción en la que pidió a sus efectivos que “intensificaran el control del cumplimiento de la normativa del tiempo de trabajo”. Desde entonces, se está registrando un creciente temor de las empresas a recibir una visita de la Inspección por esta materia, ya que se enfrentan a sanciones por infracciones que van desde los 60 a los 187.515 euros, según la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (Lisos).

Por ello, en los últimos nueve meses cuando los inspectores vistan las empresas para controlar esta materia vigilan cuatro cuestiones: comprueban si se hacen horas extra y si estas superan o no el límite legal (80 horas al año); su remuneración y cotización; el registro de jornada por parte de la empresa; y los representantes de los trabajadores están siendo informados de la realización de dichas horas extraordinarias. Precisamente, el registro diario de la jornada, que hasta ahora no se exigía, está siendo la cuestión que más ampollas está levantando entre las empresas inspeccionadas.

En un reciente encuentro entre laboralistas y representantes de recursos humanos de importantes empresas organizado por la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos, los participantes pusieron de manifiesto numerosas dudas sobre qué es lo que se debe registrar, cómo hacerlo y qué es exigible por la Inspección en esta materia.

Las empresas a las que la Inspección detecte irregularidades en esta materia se enfrentan a multas de entre 60 y 625 euros si, por ejemplo, cometen fallos formales en el registro de la jornada diaria y pueden llegar hasta 6.250 euros por la ausencia de dicho registro.
(Cinco Días, 20-12-2016)

 

 

 

 

 

 

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